Moción de Somos Alfacar sobre el agua rechazada en el pleno


El servicio de agua y saneamiento está privatizado de facto en Alfacar desde el 2008, año  en el que el Ayuntamiento presidido por la actual alcaldesa, Doña Fátima Gómez se adhirió al Consorcio para la Vega Sierra-Elvira y solicitó que fuese Aguasvira quien se hiciese cargo del mismo. A pesar de la riqueza hídrica de nuestro pueblo, todos hemos podido comprobar cómo el servicio no mejoraba y la factura iba creciendo. Cualquier queja o reclamación que se hace en el Ayuntamiento sobre este servicio se traslada a la empresa directamente quedando clara la nula capacidad de intervención de nuestro Ayuntamiento. En los registros municipales no existe constancia de las actuaciones de Aguasvira. La empresa hace y deshace a su antojo. También en la determinación de las tarifas. Recordad que una de las primeras medidas que se tomaron fue la modificación perjudicial para el consumidor de los bloques de consumo.
Sin embargo la legislación española reconoce la titularidad pública del servicio y una reciente sentencia del Tribunal Supremo determina que lo que se tiene que cobrar por el agua es una tasa y no el precio que la compañía estime (precio privado). Esto es muy importante porque nos permitiría, si el ayuntamiento tuviese voluntad claro, recuperar el control público perdido desde 2008. No estamos hablando en este momento de remunicipalizar el servicio (aunque creemos que sería la mejor solución) sino de ejercer las funciones que la ley otorga a los ayuntamientos y de las que el nuestro lamentablemente se desentiende.
Si el precio es tasa y no precio privado, lo que se cobra tiene que ser equivalente a lo que cuesta. No cabe introducir un beneficio añadido al que ya de por sí nos cobra la empresa por su gestión. El año pasado Aguasvira declaró más de un millón de euros de beneficio. Una vez determinados los costes reales se establece que es lo que se ha de cobrar en la factura. Es importante señalar aquí que ni el Ayuntamiento ni el Consorcio tienen medios (y creemos que tampoco interés) para certificar que los costes que alega la compañía son los costes reales. En cualquier caso es el ayuntamiento y no la empresa la que tiene esa potestad tarifaria.
Otra consecuencia importante que se deriva de la sentencia es que la empresa no puede realizar cortes de suministro en caso de impago. La actuación corresponde al Ayuntamiento que debería aprobar un Reglamento de suministro que recoja específicamente el caso de las familias en situación de insolvencia.
La moción que presentó Somos Alfacar para que las ordenanzas y reglamentos municipales se adapten a la Sentencia sólo obtuvo el voto favorable de nuestros dos concejales. Se alegó que no había jurisprudencia (cuando si la hay puesto que existen cuatro sentencias del Supremo en el mismo sentido), que no todos los magistrados la habían votado favorablemente (aunque cualquiera sabe que este hecho es irrelevante a la hora de considerar su firmeza). Por último se invocó un informe, encargado por la agrupación de las empresas privadas a la Dirección General de Tributos, en el que se niega la condición de tasa al servicio del agua. Nosotros destacamos en este punto que se trata de un informe no vinculante y que por el principio de jerarquía normativa no puede considerarse superior a la sentencia del Supremo. Las empresas privadas (Aguas de Barcelona –Suez en este caso) se agarran a él para intentar salvar sus privilegios. Lo que no entendemos es que pretenden nuestras autoridades municipales defendiendo algo que va en contra de los intereses de la ciudadanía.
Mañana martes 26 a las siete en Guadalinfo tendremos una reunión de la Plataforma por la defensa del agua de Alfacar para intentar revertir esta situación de entrega absoluta al poder de las corporaciones privadas y de dejación de las competencias y obligaciones municipales.